Participación de las minorías poblacionales en el proceso electoral

En 2019, el Tribunal Superior Electoral instituyó el Grupo de Trabajo para la sistematización de Normas Electorales (SNE, por su sigla en portugués) encargado de realizar estudios para identificar los conflictos en la normativa vigente surgidos a partir de las reformas electorales y proponer su respectiva sistematización.

Se buscó, por intermedio de cooperación, identificar consensos mínimos, respetadas la pluralidad de las concepciones y las normas electorales establecidas y vigentes a la luz de la Constitución de la República de 1988.

El proyecto fue desarrollado en el ámbito del TSE, con la cooperación de los tribunales electorales regionales, del Ministerio Público Electoral. De diversos órganos e instituciones, además de representantes de la sociedad civil.

Dentro de los ejes temáticos tratados, se encuentra la participación de las minorías en el proceso electoral, aportando perspectivas variadas sobre los diversos temas da las normas electorales en que respecta a la participación ciudadana, a la información y a la accesibilidad, con análisis de la legislación  electoral vigente bajo la perspectiva de la participación de las mujeres, indígenas, personas transgénero, jóvenes, afrodescendientes, personas con discapacidades, presos provisorios y adolescentes internados.

Entre las cuestiones identificadas se destaca la sistematización de la aplicación de recursos destinados a las candidaturas femeninas y, más recientemente, a las candidaturas de personas afrodescendientes.

El resultado de ese trabajo fue consolidado en un informe final (en portugués) presentado de forma clara, objetiva y propositiva. Es una herramienta de investigación y una oportunidad única de la propia Justicia Electoral rever, eventualmente, sus posiciones, reglamentaciones y actuaciones para, cada vez más, trabajar en la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, no excluyente y no discriminatoria.

En la segunda fase de ese grupo de trabajo iniciada en 2020, el eje fue dividido en subgrupos para profundizar más las investigaciones, evidenciando cierta similitud en el análisis de lo que es a/o en cuanto a la importancia del lenguaje inclusivo y la formación de público externo e interno (servidores de la Justicia Electoral y miembros de las mesas electorales) sobre las diversidades; además de la existencia de datos detallados para dar visibilidad a los grupos minoritarios y a los problemas a los que se enfrentan (sic).

Se destacan, además, cuestiones sobre:

1. la población afrodescendiente: (i) necesidad de políticas específicamente dirigidas a ella; (ii) desarrollo de acciones proactivas de las instituciones para monitorear y combatir las violencias políticas;

2. las personas con discapacidades: (i) cualificación de los canales de comunicación de la Justicia Electoral, para el monitoreo de la accesibilidad para el ejercicio del voto; (ii) abordaje específico y en profundidad, por parte de las escuelas judiciales electorales y en asociación con entidades representativas, respecto de la participación política de personas con discapacidad;

3. las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y otros (LGTBI+): (i) combatir las fake news y los discursos de odio diseminados contra la población (LGTBI+); (ii) aplicar, con rigor, las terminologías de las categorías identitarias de género, orientación sexual, género y sexo en la legislación electoral;

4. y, además, la participación de las mujeres: (i) institución de multiplicador partidario de género para atribuir peso 2 a los votos a favor de candidaturas femeninas con el propósito de distribuir los recursos del fondo partidario y tiempo de propaganda entre las agremiaciones; (ii) extensión del plazo para investigar adecuadamente eventuales fraudes a la cuota de género.

Algunas sugestiones fueron presentadas hablando respecto a la actuación del Tribunal sobre participación de las minorías sociales en el proceso electoral. A saber:

1. la creación de una Comisión de Participación y Diversidad con asiento de entidades representativas de mujeres, personas afrodescendientes LGTBI+, indígenas y personas con discapacidades, que actúa como órgano consultor para el constante perfeccionamiento de los servicios electorales;

2. la creación del Núcleo de Acompañamiento de Denuncias sobre Violencia Política en arreglo interinstitucional con el Ministerio Público y autoridades policiales y de seguridad pública;

3. el perfeccionamiento del Registro Nacional de Electores, con la creación ce campos para la inserción de datos necesarios para el conocimiento adecuado del perfil del electorado (indígena, declaración personal de raza, identidad de género y mayores tipologías de discapacidad);

4. y, finalmente, la realización de una investigación estadística sobre los electores con discapacidades para recoger datos e información apuntando a la adecuación de los servicios y de los colegios electorales.

En encuentro virtual realizado en marzo de 2021, el TSE fue invitado a presentar contribuciones al Grupo de Reforma de Reforma de la Legislación Electoral de la Cámara de Diputados, perteneciente al Poder Legislativo brasileño, con el objetivo de perfeccionar la prestación jurisdiccional de la Justicia Electoral y contribuir al respeto de la democracia representativa.